Señalan que el Estado elabora normas sin consultarles
Agricultores rechazan nueva ley de aguas
“Juntos en defensa de las organizaciones de agua”. Así se han mostrado los presidentes de las Juntas de Usuarios de los diversos distritos de riego de la región Piura tras debatir los decretos legislativos 1081 y 1083 en una conferencia de prensa realizada en la junta de usuarios del medio y bajo Piura.
Florencio Quevedo Aguilera, gerente técnico de la Junta de Usuarios de Sechura, califica a los decretos legislativos 1081 y 1083 como una criatura que adolece de debilidades o vacíos porque los autores de la gestión del agua (los regantes) no han participado en su elaboración. Agregó que el Estado trata de convencerlos con mejorar la gestión del agua, pero se está viendo que ni siquiera se preocupa por solucionar los problemas de infraestructura de riego que tienen, ni de la falta de canales efectivos para la comercialización de los productos.
Agricultores rechazan nueva ley de aguas
“Juntos en defensa de las organizaciones de agua”. Así se han mostrado los presidentes de las Juntas de Usuarios de los diversos distritos de riego de la región Piura tras debatir los decretos legislativos 1081 y 1083 en una conferencia de prensa realizada en la junta de usuarios del medio y bajo Piura.
Florencio Quevedo Aguilera, gerente técnico de la Junta de Usuarios de Sechura, califica a los decretos legislativos 1081 y 1083 como una criatura que adolece de debilidades o vacíos porque los autores de la gestión del agua (los regantes) no han participado en su elaboración. Agregó que el Estado trata de convencerlos con mejorar la gestión del agua, pero se está viendo que ni siquiera se preocupa por solucionar los problemas de infraestructura de riego que tienen, ni de la falta de canales efectivos para la comercialización de los productos.
Fertilizantes y PECHP
El presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Teodoro Palacios Espinoza, ha insistido en la preocupación de los campesinos por el precio de los fertilizantes, los cuales no están a su alcance.
“Nos preocupa que el gobierno no nos hace el aval para comprar fertilizantes; no quiere hacerlo con Agrobanco y nos envía a la banca privada”, indicó.
Remarca que los D.L. 1081 y 1083 ponen en peligro a las juntas de usuarios que son las únicas instituciones que representan a los agricultores en la actualidad.Por otro lado el presidente de la junta de usuarios del Chira, Julio Truyenque Menacho, ha indicado que los agricultores también se encuentran preocupados por la intención del Gobierno de desaparecer el Proyecto Especial Chira Piura. En vez de desactivar el Chira Piura, donde todavía no se termina la tercera etapa, debería buscarse la forma de ejecutar el Alto Piura como si fuera una cuarta etapa de este proyecto, señala.
El dirigente agrícola ha recordado que el sistema de Poechos es el más grande de Sudamérica y en él no se puede permitir que se desarrollen labores a técnicos aún inexpertos en temas hidráulicos. El Chira Piura tiene especialistas que se han capacitado con dinero del proyecto, es por eso que el Estado nos tiene que garantizar su presencia con inversión, aduce.
Una salida
Frente a la polémica generada por los decretos legislativos 1081 y 1083, Manuel Barranzuela Herrera, presidente de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, ha manifestado que la Junta Nacional de Usuarios sugiere hacerle modificaciones, pero con la participación de los agricultores, para luego dar origen a un nuevo decreto. “Se aduce el mal uso de las aguas por parte de los agricultores, pero nada dicen sobre el aporte del Estado para conservar la infraestructura de riego”, agregò.
¿POR QUÉ LA DEROGATORIA del decreto 1081?
Según la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, las razones son las siguientes:
- Es una norma legal, emitida al amparo del ejecutivo sin el consenso y participación de las Organizaciones de usuarios.
- El Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a través del ente rector como el Autoridad Nacional del Agua (ANA) es muy centralista, concentra las decisiones en Lima.
- Los Concejos de cuenca se crean como comisiones consultivas sin ninguna función específica, con personería jurídica difusa, cunado deberían ser representativas en cada región.
- El Dl. 1081, dice que la ANA puede delegar o autorizar a personas naturales y jurídicas del sector público y privado ejercer labores y proyectos con la “Gestión de los Recursos Hídricos”, esto podría concesionar porque se ha dejado una ventana abierta a la privatización.
- Las tarifas y contribuciones aumentarían porque se pretende separar el componenete ingreso de la Junta de Usuarios, del canon(10%) y Amortización (10%), de tal manera imponer desde Lima un alto costo de dichas retribuciones pretendiendo que los agricultores paguen el mantenimiento del ANA Y de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA).
- Porque generaría conflictos por la sede de las instituciones, en el caso de la AAA que abarca desde Jequetepeque hasta Tumbes, sede que le correspondería a Piura pero que se correal riesgo de ser Chiclayo.
¿POR QUÉ LA DEROGATORIA del decreto 1081?
Según la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, las razones son las siguientes:
- Es una norma legal, emitida al amparo del ejecutivo sin el consenso y participación de las Organizaciones de usuarios.
- El Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a través del ente rector como el Autoridad Nacional del Agua (ANA) es muy centralista, concentra las decisiones en Lima.
- Los Concejos de cuenca se crean como comisiones consultivas sin ninguna función específica, con personería jurídica difusa, cunado deberían ser representativas en cada región.
- El Dl. 1081, dice que la ANA puede delegar o autorizar a personas naturales y jurídicas del sector público y privado ejercer labores y proyectos con la “Gestión de los Recursos Hídricos”, esto podría concesionar porque se ha dejado una ventana abierta a la privatización.
- Las tarifas y contribuciones aumentarían porque se pretende separar el componenete ingreso de la Junta de Usuarios, del canon(10%) y Amortización (10%), de tal manera imponer desde Lima un alto costo de dichas retribuciones pretendiendo que los agricultores paguen el mantenimiento del ANA Y de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA).
- Porque generaría conflictos por la sede de las instituciones, en el caso de la AAA que abarca desde Jequetepeque hasta Tumbes, sede que le correspondería a Piura pero que se correal riesgo de ser Chiclayo.
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