Fedepaz expresa su rechazo al proyecto de Ley del Ejecutivo que restringe el ejercicio libre del periodismo
El pasado viernes 23 de enero el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley Nº 2993/2008-PE en el que propone dos modificaciones al artículo 162 del Código Penal, a fin de endurecer las penas por delitos de interceptación telefónica a terceros.
La iniciativa –que lleva las rúbricas del presidente Alan García y el premier Yehude Simon- pretende castigar hasta con cinco años de prisión efectiva a quienes comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan, de forma directa o indirecta, los registros de información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal como las cámaras ocultas.
El proyecto del Ejecutivo afectaría la libertad de prensa e información porque con ello los periodistas no podrían difundir información de actos delictivos obtenida a través de dichos medios.
Fedepaz expresa su preocupación por el intento de limitar la actividad de fiscalización del periodismo o de cualquier persona que teniendo acceso a este tipo de pruebas no pueda denunciarlo a la opinión pública.
Preocupa asimismo, que bajo el pretexto de evitar el espionaje telefónico, que ya se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, se termine favoreciendo a la corrupción al no permitir que estos actos sean conocidos por la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Con ello se evita también que exista la presión social necesaria para que se investiguen estos hechos y se sancionen a los responsables.
Si este proyecto hubiera sino norma en el país desde hace algunos años no se hubieran podido difundir los vladivideos, la corrupción en el Banco de Materiales, el caso reciente del Comandante PNP Víctor Oblitas y tantos otros casos de funcionarios públicos que han sido filmados recibiendo "coimas". Todos esos actos habrían quedado en la más completa impunidad y tendríamos a esos funcionarios libres y ejerciendo su función.
Esperamos que este proyecto de Ley no prospere en el Congreso de la República y se resguarde la libertad de prensa e información, un derecho fundamental para toda democracia.
El pasado viernes 23 de enero el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley Nº 2993/2008-PE en el que propone dos modificaciones al artículo 162 del Código Penal, a fin de endurecer las penas por delitos de interceptación telefónica a terceros.
La iniciativa –que lleva las rúbricas del presidente Alan García y el premier Yehude Simon- pretende castigar hasta con cinco años de prisión efectiva a quienes comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan, de forma directa o indirecta, los registros de información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal como las cámaras ocultas.
El proyecto del Ejecutivo afectaría la libertad de prensa e información porque con ello los periodistas no podrían difundir información de actos delictivos obtenida a través de dichos medios.
Fedepaz expresa su preocupación por el intento de limitar la actividad de fiscalización del periodismo o de cualquier persona que teniendo acceso a este tipo de pruebas no pueda denunciarlo a la opinión pública.
Preocupa asimismo, que bajo el pretexto de evitar el espionaje telefónico, que ya se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, se termine favoreciendo a la corrupción al no permitir que estos actos sean conocidos por la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Con ello se evita también que exista la presión social necesaria para que se investiguen estos hechos y se sancionen a los responsables.
Si este proyecto hubiera sino norma en el país desde hace algunos años no se hubieran podido difundir los vladivideos, la corrupción en el Banco de Materiales, el caso reciente del Comandante PNP Víctor Oblitas y tantos otros casos de funcionarios públicos que han sido filmados recibiendo "coimas". Todos esos actos habrían quedado en la más completa impunidad y tendríamos a esos funcionarios libres y ejerciendo su función.
Esperamos que este proyecto de Ley no prospere en el Congreso de la República y se resguarde la libertad de prensa e información, un derecho fundamental para toda democracia.
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